Está más que claro que la violencia en México crece día con día. En muy poco tiempo, la presencia de México en los diarios internacionales pasó del tema económico al de inseguridad, actualmente nuestro país ocupa las portadas de los medios de comunicación internacionales con notas sobre asesinatos, raptos, decapitaciones y descuartizaciones de cuerpos, no solo de las personas involucradas en la delincuencia organizada sino también de personas que integran los grupos policiacos que supuestamente se dedican a cuidar el bienestar de la sociedad, y por si no fuera poco también de personas inocentes. A pesar de las acciones realizadas por el gobierno mexicano, las cifras cada vez son más alarmantes y preocupantes.
Según los políticos y periodistas consideran que es un Estado fallido, sin analizar de fondo las razones para la creciente violencia en el país, sabiendo que éstas tienen su raíz desde la familia, puesto que las personas que están inmersas en esta situación provienen de padres separados, de una familia violenta, de un nivel socio económico muy bajo (pobreza extrema) o bien personas con falta de valores, que como se sabe es la base fundamental para hacer lo correcto.
La ubicación geográfica de México es estratégica, esto quiere decir que su vecindad con Estados Unidos de América le permite acceder a uno de los mayores mercados en el mundo y esto es atractivo para los comerciantes y para las organizaciones criminales.
La obstrucción de la frontera americana volvió más poderosos a los cárteles mexicanos quienes antes únicamente se enfocaban en un limitado mercado doméstico basado en drogas naturales (principalmente marihuana) y donde explotan su condición de locales.
Los productores de drogas se ven obligados a buscar nuevos mercados y a extender el consumo de estas drogas en el territorio mexicano. Las nuevas condiciones no sólo han convertido a México en un nuevo mercado, sino también en territorio que sirve como punto de conexión para la distribución hacia el resto del mundo, principalmente Norteamérica y Europa. Literalmente, los cárteles están peleando por el control de las zonas de distribución en un mercado a la baja.
Los cambios en el mercado y la cerrazón de la frontera han obligado a los cárteles a buscar nuevos negocios que les permitan extraordinarias ganancias. El tipo de organización para el tráfico de drogas les ha permitido hacerse de dos actividades ilícitas más, el rapto y la piratería. Los cárteles se manejan ahora como grandes corporaciones multiproducto. Ahora cuentan con brazos armados que se dedican al secuestro y la extorsión, mientras otros se dedican a la producción y distribución de material ilícito. Las tres actividades no sólo han resultado sumamente lucrativas, sino que también les permiten el control de grandes regiones del territorio mexicano. Estas actividades resultan críticas para controlar también el tráfico de armas, los prostíbulos, además de negocios legales como gasolineras y tiendas de comestibles que les sirven para el lavado de dinero y el control de la población.
Mayores controles han creado un mercado ilícito de proporciones macroeconómicas. Por un lado, la disminución de la demanda en Estados Unidos y las acciones de control (detenciones y confiscaciones) del Estado mexicano han obligado a los cárteles a buscar nuevas actividades ilícitas que les permitan compensar las pérdidas en sus ganancias.
Por el otro, la disminución en la oferta de droga crea la expectativa de una ganancia mayor; entonces, es de esperarse que los cárteles compitan por el control del mercado remanente.
La lucha contra el narcotráfico y la violencia que ésta acarrea no es tarea fácil, puesto que los gobiernos actuales tienen que tomar decisiones combinadas entre proteger la salud o la seguridad pública, muchas veces una a costa de la otra. Una política integral de lucha contra las drogas ilegales implica que los gobiernos tienen que atacar ambos problemas simultáneamente, esto implica la acción coordinada de muchas instancias y niveles de gobierno, así como entre países. Lamentablemente, esta opción obliga a los gobiernos a seguir en sus acciones de control que invariablemente acarrean violencia entre los criminales que manejan el mundo de las drogas.
Si nuestro país continúa con su política de una aplicación integral y efectiva de las leyes, es de esperarse un ascenso en la violencia relacionada con acciones criminales en México en el corto plazo. Sin embargo, a mediano y largo plazo termina siendo la mejor estrategia para el combate de la producción y distribución de sustancias prohibidas.
Contrario a lo que opinan muchos grupos, la legalización de la drogas en este contexto aparecería como un error histórico. Se necesita continuar con una aplicación integral y efectiva de las leyes combinada con educación, prevención y tratamiento como la única opción viable para una reducción del uso ilícito de las drogas y sus devastadoras consecuencias sin poner en peligro la salud pública
La inseguridad en México
La inseguridad es un tema que frecuentemente está presente en las pláticas de todos y cada uno de los mexicanos; escuchamos, leemos y vemos por todos los medios de comunicación, noticias escalofriantes acerca de la creciente delincuencia organizada en nuestro país, porque lamentablemente es un mal que se ha ido dejando crecer desde sexenios anteriores y que ahora ha alcanzado niveles exorbitantes afectando la vida diaria de la sociedad mexicana, ya que por desgracia la inseguridad no es algo que solamente afecte a miembros de alguna clase social, religión o sexo; nos afecta a todos por igual por el simple hecho de vivir en México.
Al hablar de inseguridad, es hablar de distintos factores que están ligados de la mano que van desde la desintegración familiar, juegos violentos, drogadicción, la gratificación instantánea con el mínimo esfuerzo, la falta de valores, corrupción en el sistema judicial, apatía por parte de los políticos de efectuar cambios efectivos, así como el desempleo y la crisis, entre otros tantos.
La inseguridad pública le quita tiempo y energía a las empresas, a los trabajadores y a las personas para dedicarse a sus actividades y proyectos, pero por encima del aspecto económico, están en juego los principios de la convivencia social y la capacidad del Estado para cumplir con su primera obligación: salvaguardar la integridad física y patrimonial de los ciudadanos, haciendo valer la ley.
Hace unos años, uno podía salir sin temor ni preocupación a la calle, podían traer carros de recientes modelos, poseer lujos, los niños y jóvenes salían durante el día a jugar sin la más mínima preocupación por su seguridad; pero actualmente eso ya no es posible, ahora ya no se puede traer automóviles último modelo, poseer y presumir lujos que han sido producto del trabajo honrado de cada día ya que existe el temor de que algo suceda por el simple hecho de disfrutar de estos bienes ya que se puede ser víctimas de un asalto o de un secuestro.
En ciertas partes de la República Mexicana, el secuestro se ha convertido en una nueva forma de trabajo, en la cuál familias enteras participan dedicándose a privar del derecho de libertad a personas y obteniendo a partir de los rescates sumas exorbitantes de dinero que la familia de los secuestrados está dispuesta a pagar para poder recuperar a su ser querido.
Se ha originado un círculo consecutivo que va de la negación de la existencia de los robos, secuestros y demás por parte de las autoridades y por parte de los ciudadanos de forma distinta que va hacia el miedo de ser víctima.
Las autoridades deben ser responsables de todo lo que le corresponde en nuestro país, pero a la vez los ciudadanos somos responsables de permitir lo que no queremos, debemos de exigir lo que necesitemos, pues para eso está "supuestamente" el gobierno. Si el gobierno no se encarga de sus asuntos entonces la culpa de alguna forma recae en el pueblo porque es el que no debe permitir la situación y es quien debe de poner un límite.
El precio de la inseguridad
El clima de inseguridad que vive México es algo impresionante: jueces que terminan acusados mientras el presunto delincuente confiesa su deseo de actuar en alguna telenovela; agentes y ex agentes policiacos que encubren o encabezan bandas criminales; secuestradores que huyen de su guarida cinco minutos antes de la llegada de la policía, luego de chantajear a las familias de sus víctimas con tácticas horrorosas.
¿Es una película de terror? No, desgraciadamente es la historia diaria de millones de mexicanos que han perdido sus bienes y algunos hasta la vida por culpa de estos delincuentes. Ante todo, está también detrás un sentimiento que ha llegado a ser uno de los más costosos para la sociedad: el miedo.
Por temor a que sus planes terminen en el cañón de una pistola, un número indeterminado de proyectos de inversión han sido cancelados o han cambiado el destino. También por temor, innumerables empresas han tomado con cautela sus planes de expansión y gastado fortunas en procurar alguna seguridad (aunque siempre insuficiente) para sus plantas, oficinas, productos y empleados. Por miedo, ciudadanos sin importar su posición económica han tenido que enfrentar cada vez mayores gastos en la compra de protección para sus bienes y para sus familias.
El costo que la sociedad mexicana está pagando no es meramente el precio de la inseguridad, sino el de la impunidad. El costo ya lo estamos pagando, y con creces. Por tanto, esperamos que las distintas fuerzas políticas, en vez de estorbar planes, dediquen sus energías en exigir su cumplimiento.
Cabe recordar que la corrupción en este país ya se ha comido a la legalidad, y cuando en un país ya no existe la legalidad, no hay país que funcione.
Récord en marzo
La inseguridad pública, la violencia y la penetración del crimen organizado en la sociedad y en las instituciones de muchas zonas del país, han llegado a niveles intolerables. Según datos del Milenio Monterrey, el mes de marzo del 2011 se convirtió en el mes más desafortunado para la población civil ajena a la delincuencia organizada.
La violencia generada por los criminales dejó en ese periodo seis víctimas inocentes muertas, una cifra sin precedentes para un mes en la entidad.
El número de víctimas inocentes asciende a 38, de los cuales 15 eran mujeres y 23 hombres; tres de ellos fueron niños de entre ocho y nueve años de edad, 12 eran jóvenes de entre 15 y 29 años, y los demás eran adultos.
Estudiantes Universitarios víctimas de la delincuencia organizada
Es claro que en algunas regiones del país ya no se puede vivir una vida normal sin pensar que la violencia pueda alcanzarnos, como sucedió con los estudiantes del Tecnológico de Monterrey y de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Por lo que respecta a la Universidad Autónoma de Nuevo León hasta el momento han sido tres las víctimas inocentes que pierden la vida a causa de la violencia provocada por la delincuencia organizada.
La primera víctima estudiante de la UANL fue Lucila Quintanilla Ocañas de 21 años de edad quien estudiaba en la Facultad de Artes Visuales, perdió la vida en octubre del año pasado en una plaza comercial del centro de Monterrey, mientras hacia una llamada telefónica. La estudiante murió a causa de una bala que disparó un inexperto sicario que atentó contra la vida de un custodio de la prisión del Topo Chico, a quien solo hirió junto con cuatro personas más.
La segunda víctima fue el estudiante de la Facultad de Arquitectura, se llamaba Raúl Javier Villarreal Martínez el cual contaba con apenas 17 años de edad, quien quedó en medio del fuego cruzado cuando un grupo de delincuentes se enfrentaba a las autoridades en el centro de Monterrey, el pasado 10 de marzo.
Ahora, menos de un mes después, de nueva cuenta el luto, dolor, rabia y tristeza se hacen presente entre los universitarios, debido a que se sumó la tercera joven universitaria víctima de ésta situación, Gabriela Pineda Aguilar de 22 años de edad. La estudiante de la Facultad de Psicología de la UANL que cursaba el octavo semestre, murió atropellada por una patrulla de un policía de Monterrey, quien fue acribillado mientras la conducía.
Sin duda alguna, tres estudiantes importantes para la UANL son víctimas de la violencia que día a día aumenta sin importar que víctimas inocentes sean perjudicadas y las autoridades no hagan absolutamente nada para detener esta situación.
Y la pregunta no es cuántos alumnos universitarios han sido víctimas de la inseguridad, sino cuantos más lo serán, ¿hasta cuando cesará la violencia?
No es justo que estudiantes inocentes que tienen una vida por delante trunquen su carrera por culpa de la delincuencia organizada, personas que tienen sangre fría y no se preguntan ¿a cuantos inocentes perjudicamos?
Esly Lizeth Trejo Pérez
